La guerra contra el narcotráfico de Calderón desgasta al Ejército mexicano.

Felipe Calderón tomó posesión de la presidencia de la república mexicana en el año 2006, declarando la guerra al narcotráfico de manera inmediata. En estos cuatro años ha hecho de esta lucha su bandera, con el apoyo de Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida y más de 1.300 millones de dólares en el bolsillo, pero la implicación del Ejército pasó bien pronto del entusiasmo inicial al más absoluto descontento por parte de la población. El país no ha logrado en todo este tiempo vencer en modo alguno al enemigo interno, los narcos están ganando esta guerra y las críticas, dentro y fuera del Ejército, han ido en aumento.

El concepto inseguridad se ha unido inexorablemente al país azteca. El número de muertos se cifra en más de 25.000 y los cárteles de la droga hacen del recurso a los métodos más brutales una manifestación pública de su poder: decapitaciones, mensajes clavados sobre cadáveres en medio de las calles… un abanico de horrores con el que se desayuna el pueblo mexicano cada mañana.
Presionado por el vecino del Norte y consciente de la precariedad de medios de sus fuerzas policiales, amén de sus notables niveles de corrupción al servicio del enemigo a batir, Calderón recurrió al despliegue de miles de uniformados para acometer tamaña empresa. El Ejército salió así a las calles a cumplir la misión encomendada por un periodo de tiempo indeterminado y en completa ausencia de un entorno legal que respaldara su actuación. Esta desvirtualización del rol natural de las Fuerzas Armadas ha lastrado fuertemente su imagen entre la descontenta población que, lejos de ver sobre el terreno efecto positivo alguno de la iniciativa de su presidente, acusa a los uniformados de abusos de todo tipo, empezando por las detenciones ilegales, y de haber provocado la muerte de cientos de civiles inocentes en una suerte de “daños colaterales” difícilmente asimilables.
El Ejército, por su parte, cada vez más desmoralizado, ha de cargar con la supeditación de su actividad a poderes civiles, en ocasiones absolutamente incompetentes e incluso vinculados directamente con el mismo narcotráfico, con sus propias bajas y la creciente reclamación contra sus actuaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, su sometimiento a los tribunales civiles, la caída en picado de su prestigio, el riesgo de infiltraciones entre sus miembros, como ya ocurriera con las fuerzas policiales, y la natural desazón frente a las escasas posibilidades de salir victoriosos de esta guerra.
Calderón saco las tropas a la calle como quien le lanza los perros al adversario, pero los abocó a la derrota desde el momento en que no se acometieron otras actuaciones complementarias en las esferas de poder. Muchas razones explicarían el fracaso del mayor despliegue de medios acometido en la historia del país contra el narcotráfico: apenas se han hecho esfuerzos por luchar contra la corrupción política y de las fuerzas de seguridad, una histórica asignatura pendiente, y tampoco se han invertido recursos destinados a socavar las redes de lavado de dinero ni actuado contundentemente para dar efectividad al poder judicial. Pocos confían a estas alturas en que Calderón consiga antes del fin de la legislatura enmendar la situación.